Olvido e impunidad para los defensores Kakataibo
No existe un protocolo que permita una acción más rápida en casos de desaparición de defensores de derechos.
Era abril del 2020, el Perú y el mundo entero estaba encerrado por el virus COVID 19, cuando el pueblo Kakataibo salto a la palestra, tras un hecho violento: El cuerpo de Arbildo Meléndez fue ubicado en el límite de la comunidad de Santa Martha y Unipacuyacu. El jefe de esta última comunidad había salido a cazar con un supuesto acompañante que, en un momento de descuido lo asesinó cruelmente.
Quizás lo monótono de esos tiempos de COVID, hizo que el caso rápidamente sea una noticia ante el histórico olvido de las comunidades indígenas; lo cierto es que ese asesinato significó mucho más que un hecho noticioso, era la certificación del avance vertiginoso del narcotráfico en tierras de comunidades indígenas, una arremetida cada vez más violenta en la Amazonía que ha cobrado la mayoría de víctimas mortales de los 26 defensores de derechos territoriales asesinados en la Amazonía en cuatro años.
Era también el resquebrajamiento de un orden supranacional: ¿Cómo un líder que un par de meses antes se reúne con el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos puede ser asesinado impunemente?
De allí en adelante fueron sucediendo una tras otra desgracia para el pueblo Kakataibo, que se transformaban en hechos noticiosos, breves visitas de autoridades, actas de acuerdos incumplidos y enormes olvidos; al mismo tiempo que se invadían sus tierras, deforestaban sus bosques y se acumulaban sus muertos: Cinco (5) asesinatos, un desaparecido en cuatro años y un machete de impunidad.
Incluso un caso de atención mediática como el de Arbildo, finalmente tuvo una condena irrisoria, una sentencia por homicidio culposo, cuando todo el pueblo sabía que lo mandaron a matar, el sicario, resultó disparar balas por casualidad. Los otros casos fueron quedando en olvido, Yenser Ríos de la comunidad Puerto Nuevo, Herasmo García que no era Herasmo sino Helder como aclaró su familia y Santiago Vega Chota ambos de la comunidad de Sinchi Roca, los tres una vez asesinados permanecieron muchos meses en los registros de la RENIEC como vivos, al que se sumó recientemente el caso de Benjamín Flores, hoy son simplemente cifras de olvido e impunidad para las débiles instituciones del Estado peruano.
Un desaparecido llamado Kakataibo
Cuando la situación para el pueblo Kakataibo se fue agravando y eso exigía que sus Apus respondan a la problemática; cuando entonces llegaron los mapeos participativos, capacitaciones y estrategias, en varias de esas reuniones y discusiones de los últimos cuatro años, se contó con la participación de Mariano Isacama, a quien sus amigos le llamaban “Perú”. Mariano de 35 años, probablemente era una persona de pocas palabras, y en esa idea muy peruana de quien más habla, tiene dotes de líder, nada más lejano que los coliderazgos o liderazgos colaborativos como expresión de los pueblos indígenas, herederos de aquella vieja estirpe del mandar haciendo.
Mariano además de ser parte de la junta directiva de la comunidad de Puerto Azul y parte del equipo técnico de la FENACOKA, era un narrador y comentarista deportivo, que paradójicamente el viernes 21 después del partido de fútbol de la selección peruana desapareció. La última vez que se le vio fue en el local comunal de la federación. Dos días después se puso la denuncia, se emitió un pronunciamiento por parte de FENACOKA, se realizó todas las gestiones posibles para que la policía haga su trabajo y lo buscará; esos días fue un hecho noticioso como tantas veces lo fue el pueblo Kakataibo, pero después de 19 días se convirtió en una auténtica pesadilla para su familia y su comunidad más cercana.
![](/media/uploads/43189f08-d438-4629-8c0f-ca813084898d.jpg)
Foto Luis H
Un territorio en disputa
El pueblo Kakataibo cuenta con ocho comunidades, prácticamente todas tienen amenazas contra sus líderes y están invadidas por colonos que deforestan para reclamar algún título ante las agencias agrarias de Huánuco o Ucayali presentándose como agricultores. En la mayoría de los casos son los mismos colonos los que deforestan para el cultivo de coca, la producción de clorhidrato y/o construcción de pistas aéreas clandestinas para uso del narcotráfico. El territorio Kakataibo hoy es un espacio territorial en emergencia.
El caso de la comunidad de Unipacuyacu es vergonzosa para el Estado, tras la muerte Arbildo, se tardó cuatro años en entender que lo que se pedía era el titulo para garantizar la defensa de su propiedad comunal ante las invasiones que avanzan con total impunidad a vista, paciencia y atención del Gobierno Regional de Huánuco, que simplemente se niega a titular la comunidad de Unipacuyacu, un caso emblemático no solo por la emergencia humanitaria que atraviesa sino por la ineptitud del Estado para hacer respetar las reglas de juego de una democracia.
A esta situación hay que agregarle que siete líderes Kakataibo cuentan con medidas de protección del mecanismo intersectorial de protección de personas defensoras de derechos, un trámite que en la práctica no ayuda de mucho al momento de ser asesinado o desaparecido. De otro lado, no existe un protocolo que permita una acción más rápida en casos de desaparición de un defensor o peor aún no existe acciones claras en el caso de asesinatos para reparar a las víctimas o simplemente para ocuparse de que estos casos no queden impunes. Con Mariano 19 días desaparecido sin respuestas de las autoridades, la FENACOKA queda en la incertidumbre de que los próximos desaparecidos sean cualquiera de ellos.
Ante un Estado con instituciones débiles o inexistentes para garantizar la vida de los indígenas, solo queda el ejercicio del derecho a la autodeterminación con medidas de autoprotección y autocuidado colectivo; es por eso que la Guardia Indígena Kakataibo, ya conformo sus brigadas para patrullar su territorio, y en el caso de la desaparición de Mariano investigar y resolver el caso, en ejercicio de derecho consuetudinario y provistos de la justicia especial. Sin duda, todas estas acciones son sumamente riesgosas en un territorio en disputa, pero si el Estado ofrece un protocolo básicamente de impunidad; los pueblos indígenas deben ejercer su derecho a la autonomía territorial y la autoprotección de su pueblo.
![](/media/uploads/869603a7-46e4-41d6-9524-580ac2b1b348.jpg)