El colapso democrático entendido como la falta de garantías para el funcionamiento de una democracia liberal, en el Perú del 2024 es una realidad, el 7 de diciembre del 2022 fue el inicio de un espiral de violencia que generó una ruptura democrática con la deriva autoritaria que no ha cesado. Tras el burdo golpe de Estado de Pedro Castillo, asumía la presidencia su sucesora constitucional, Dina Boluarte quien unos meses antes confabulaba con la oposición fujimorista para hacerse con el poder; el torpe golpe fue el momento propicio para legitimar la vacancia exprés, anhelada durante meses por la oposición (antes hubo 2 intentos de vacancia), allanando el camino al Congreso en busca del control autoritario de las instituciones.

Imponer su diatriba para el actual régimen, costo aproximadamente más de 1327 protestas en todo el territorio nacional durante poco menos de tres meses, principalmente en zonas urbano marginales y ruralmente indígenas, sobre todo del centro y sur andino; cuyo saldo fue alrededor de 60 víctimas, de las cuales 49 fueron presuntos asesinatos por “la respuesta del Estado caracterizada por uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” (policía y fuerzas armadas) cuyo epicentro fueron las ciudades de Andahuaylas, Ayacucho, y Juliaca (35 muertes), otras víctimas mortales y heridos también los hubieron en Arequipa, Cusco, Ica, Junín, Lima, La libertad; el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluye además que en algunos casos “pudo haber ejecuciones extrajudiciales e incluso masacres”.

Absolutamente nada puede justificar el uso de la fuerza asesina contra ciudadanos por parte del Estado, en esa suma de momentos de violaciones de derechos fundamentales se rompió la democracia y dejó ver las fauces de una sociedad fracturada, donde viejos enfrentamientos atávicos resurgían como fantasmas: blancos versus indios, criollos contra andinos, centro versus periferia, con sus variaciones actuales encarnadas en el gobierno: una blanquitud mestiza que ejerce un poder autoritario; condiciones idóneas para la coexistencia de relatos contradictorios, noticias falas y teorías de la conspiración, un espacio árido para el fortalecimiento de la extrema derecha. Esto imposibilita entender por ejemplo que una de las razones de las protestas fue simplemente la “defensa del voto”, de esas mismas personas que si bien eligieron a un profesor rural, buena parte de ellas, no estaban satisfechas con el calamitoso desempeño de su gobierno (61% de desaprobación en noviembre 2022, IEP) a pesar de eso, salieron a protestar no solo en defensa de su voto, sino en defensa de las reglas democráticas, sin embargo, no hubo puentes para entender esa razón.

Los informes de derechos humanos tanto de la CIDH como de instituciones independientes, solo corroboran lo que se vio en las movilizaciones replicadas por las redes sociales: Un derramamiento de sangre, “una fuerte tensión entre Lima y las regiones, especialmente al sur del país donde predomina la población indígena y campesina”(CIDH); la constatación del “deterioro del debate público con una fuerte estigmatización étnico –racial” (CIDH), la perorata de estigmatizar a personas que protestaban como “terroristas”, “terrucos” o “indios”(CIDH) y por supuesto la necesidad urgente de esclarecer los hechos con atención y reparación a las víctimas bajo un enfoque étnico- racial; no en vano según el informe de Amnistía Internacional, el 80% de personas asesinadas podían identificarse como parte de una comunidad campesina o pueblo indígena; el mismo 80% que significó las víctimas mortales (69 mil) en la época de violencia política del conflicto armado interno .

Continuidad colonial

Domingo de Santo Tomas era un fraile español que defendía a los “indios” frente a los abusos españoles, este fraile cuenta que alguna vez tuvo está conversación con un cacique anónimo, un diálogo aproximadamente a los 30 años de la captura de Atahualpa: “Mientras caminaba por un pueblo indígena en las alturas de la sierra, Santo Tomas intercambio algunas palabras con un señor étnico: “Preguntando una vez en una provincia determinada a un cacique si era cristiano, me dijo: ‘todavía no, pero estoy empezando a serlo’ y cuando le pregunte qué sabía de ser cristiano, me dijo: ‘Se jurar por Dios, juego un poco de cartas, y estoy empezando a robar’” .

Esta respuesta del cacique, trajo diversas discusiones desde distintos actores y momentos de la historia; para varios de nosotros el cacique plantea una respuesta irónica e hilarante pero para Santo Tomas (amigo de los “indios”) fue prueba de que no tenían capacidad de entender lo que significaba ser cristiano, para los enemigos estaba claro que los indios no tenían “alma” y peor aún conciencia, mucho tiempo después para otros, los indios eran seres abyectos, malas personas y en continuidad colonial republicana, se ignoran sus demandas; lo cierto es que en todos los tiempos y etapas la constante es atribuir al otro: una limitada capacidad de entendimiento. Quinientos años después se expresan de otra manera cuando Dina Boluarte manifiesta “no entender porque la gente protesta” (en Puno), negando la agencia indígena reiteradas veces.

Se vuelve aún más confuso cuando se escucha a la presidenta Boluarte dirigirse a la población enardecida, desde su “identidad” provinciana y en idioma quechua, un discurso desde la blanquitud y utilizando la retórica vacía de la diversidad cultural, porque antes del descalabro institucional en el que nos encontramos, el doble discurso intercultural siempre estuvo presente, cuando por ejemplo se realza la riqueza de contar con 48 idiomas reconocidos, sin mencionar que 21 lenguas están en peligro de extinción porque cada año se recorta presupuesto para la educación intercultural bilingüe o cuando se menciona que San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor número de quechuahablantes, pero ninguna institución pública tiene funcionarios que atiendan en quechua en dicho distrito, incluso en territorios alejados, mayoritariamente indígenas, no se habla en las instituciones un idioma que no sea el castellano.

La historia del colonialismo es inabarcable. Y su factor común es que los pueblos campesino-indígena y originarios son invisibles, no tiene voz, ni voto y cuando lo tienen se dice que no se les entiende. Los últimos 20 años de neoliberalismo, no ha sido la excepción, aunque podemos advertir hitos importantes en la implementación de políticas del reconocimiento (mal llamadas políticas interculturales), no hay que perder de vista que estas siempre llegaron tras el ejercicio del derecho a la protesta, ante vulneraciones de derechos individuales y colectivos, basados en una continuidad neocolonial del Estado, lo cierto es que esos pequeños cambios institucionales, hoy se están desmantelando.

El Baguazo de García

Durante el segundo Gobierno de Alan García (2006), existe una prolongación de conflictos socio-ambientales, heredados del anterior gobierno, como fruto de los extractivismos transnacionales, principalmente de la minería; no olvidemos que el gobierno de García se vio beneficiado por el alto crecimiento económico (un promedio de 6% anual) producto de los altos precios de las materias primas. Mientras que la relación con las comunidades fue principalmente la de un Estado mediador de intereses del poder corporativo, para lograr las denominadas licencias sociales; en ese sentido, es que la conflictividad se dispara en alrededor de 510 en todo su periodo presidencial.

Pero sin duda, hay un hito importante en este gobierno que marca un antes y un después en la relación del Estado con los pueblos indígenas: el Baguazo, conflicto que nace a partir de la imposición de 102 Decretos Legislativos para la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La Amazonía vista como un espacio vacío (sin indígenas), como una infinita despensa de recursos naturales a merced del poder extractivo; facilita la imposición de decretos sin participación ni consulta que planteaban recortar derechos territoriales a las comunidades nativas; esto hizo que el movimiento indígena amazónico que ya estaba consolidado en su territorio, irrumpiera como un nuevo actor para el gobierno de García, articulados en organizaciones indígenas regionales, federaciones locales y lideradas por AIDESEP cientos de nativos se movilizaron durante 52 días, siendo las bases sociales de la región Amazonas, pueblos Awajún y Wampis, los más activos y aguerridos; el Estado solo se percató del movimiento cuando se tomaron carreteras.

Ante esta situación Alan García, primer mandatario de la nación y máximo funcionario público declaró que los nativos no eran ciudadanos de “primera clase” y unos días después se atrevió a delinear su política de gobierno del “perro del hortelano” en un artículo escrito a toda página en el diario El Comercio, para en subsiguientes entrevistas ridiculizar la espiritualidad indígena, juzgándolas de ideologías absurdas . Hoy constituye dichas declaraciones, la muestra más pre-moderna de discriminación y racismo en el siglo XXI. Este discurso violento contra los pueblos indígenas amazónicos contribuyó al fatal desenlace, al decidir la intervención de la policía, generando un enfrentamiento entre nativos y fuerzas policiales que habían tomado la carretera Fernando Belaunde en el punto denominado Curva del Diablo, cuya intervención a su vez generó la toma de la Estación 6 del Oleoducto Norperuano; en breves horas de enfrentamiento y confusión se dejó como resultado el trágico asesinato de 33 personas y 1 desaparecido, la gran mayoría de ellos policías.

Estos hechos conmocionaron al mundo entero, tanto, que hubo presión internacional para que el gobierno de García genere cambios en ese relacionamiento, no tardaron en derogarse los decretos que afectaban derechos de pueblos indígenas y se abrió la oportunidad de creación de un Viceministerio de Interculturalidad, así como la aprobación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, cuya reglamentación de la norma tuvo un proceso de participación y consulta. De esta manera, un viejo actor invisibilizado, irrumpía el monocorde discurso del crecimiento económico ilimitado de las élites políticas y económicas, que se enriquecían a costa de la explotación de tierras y recursos; exigiendo sentarse en la misma mesa para revisar su relacionamiento histórico basado en la exclusión.

Uno de los temas que se discutió con especial optimismo fue lo relacionado al derecho a la consulta previa, libre e informada, un derecho que se desprendía del Convenio 169 de la OIT, que en el Perú ya era vigente desde 1995, pero al que hasta ese momento no se ponía en práctica, esta discusión preparó el escenario para que el siguiente gobierno lo haga realidad. De la misma manera, sucedió con el conflicto socio-ambiental del Aymarazo, (Puno, 2011); en oposición al proyecto minero de Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation, que pretendía la explotación en territorios de comunidades sin consulta y que trajo al escenario al líder indígena Walter Aduviri, criminalizado ante los hechos acaecidos, después elegido presidente regional de Puno en la clandestinidad (2018) y destituido al no poder ejercer el mando por las acciones de criminalización en su contra, otra manera de no respetar el voto e instrumentalizar la justicia para perseguir a adversarios del modelo extractivista.

Humala en su tramitología

Cuando Ollanta Humala gana las elecciones, uno de los primeros actos políticos, es firmar la Ley del Derecho a la Consulta Previa en Imacita, Bagua (2011) fue un compromiso asumido en medio de la campaña electoral pero que una vez en el gobierno, Humala pareció arrepentirse. En ese momento, se pensaba que la consulta previa resolvería gran parte de la conflictividad socio ambiental, incluso algunos empresarios lo vieron como una oportunidad. Hasta que la década de altos precios de las materias primas se acabó, entonces trajo diversos cuestionamientos sobre lo que realmente le importaba al Estado, que en concreto era, no obstaculizar las inversiones por aplicación de éste derecho.

Entonces Humala hizo una maniobra torpe, trató de restringir el derecho a la consulta previa para las comunidades campesinas, alegando que éstas ya no eran indígenas porque no vivían en lugares alejados y ya “usan celulares” , sin mencionar que la verdadera razón de la exclusión era no retrasar los proyectos mineros que supuestamente permitirían mayor inversión y por tanto podían mantener o recuperar el crecimiento económico. Este discurso discriminador, no se sostuvo por mucho, porque para mala fortuna de Humala y sus funcionarios, una de las comunidades a quien se le pretendió negar el derecho de consulta, era la comunidad campesina de San Juan Bautista de Cañarís , pueblo indígena cuya existencia data de antes de la colonización y que incluso gozaba de títulos de propiedad otorgados por la corona española, finalmente no quedó más salida que aplicar la consulta previa a los proyectos mineros, aunque después ya se encontraría la manera de cómo “sacarle la vuelta” a la consulta previa.

Conforme la situación de estancamiento económico se fue consolidando, el discurso de Humala se fue transformando, el Ministerio de Economía adopto los mensajes de la CONFIEP respecto a la tramitología o permisiologia que se referían a reducir la excesiva documentación que se solicitaba para las grandes inversiones, cuyo objetivo era bajar los estándares mínimos de protección de derechos en el ámbito social y ambiental (recortar derechos), para supuestamente promover mayor inversión y ésta a su vez genere mayor crecimiento económico, que para el 2014 se había caído a una tasa anual de 2.4%, mensajes que lograron promover cambios normativos bajo la hipótesis de “reactivación económica”.

Entonces se aprobaron los denominados paquetazos ambientales y anti-indígenas, leyes promovidas por el Ejecutivo como la Ley 30230, una ley ómnibus, que advertía una flexibilización en los estándares ambientales y la reducción de las capacidades fiscalizadoras de las instituciones encargadas de ello, con esta norma se condonó multas ambientales, se desmanteló la política de ordenamiento territorial, pero además la misma ley promovía el debilitamiento de la seguridad jurídica de las tierras y territorios, principalmente de comunidades campesinas y nativas, creando “procedimientos especiales”, para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión, como ampliación de la frontera agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales, hidroeléctricos; la ley 30230 y otras normas fueron judicializadas.

Humala constituyó el ejemplo de ser elegido con una determinada agenda en la campaña pero gobernar con otra, una muy acorde con los intereses del poder económico, solo hay que recordar el proyecto Conga en campaña, cuando dijo “agua sí, oro no” y terminó corrigiéndose así mismo, todas estas vacilaciones tuvieron un enorme impacto en los pueblos indígenas; como lo tuvo el desarrollo del juicio a los nativos implicados en el Baguazo, que planteo las limitaciones de la justicia, en tanto se vio la brecha de desigualdad al juzgar a pobladores con otro idioma, con otra cultura con un modelo de justicia hegemónico que hasta hoy en buena parte no ha cambiado; finalmente unos años más tarde el 2016 terminaron absolviendo a los indígenas en una sentencia histórica que planteaba entender los conflictos sociales fuera del ámbito represor, sin embargo el juicio continuo por apelación y aún los responsables políticos siguen impunes.

Las puertas giratorias de Kuczinsky

Las elecciones del 2016 constituyeron un momento crucial para la actual debacle institucional, en primera vuelta se llegó al 36,26% de votos nulos y ausentismo, en segunda vuelta Pedro Pablo Kuczinsky (PPK) ganó las elecciones a Keiko Fujimori por un 0.24%, menos de cuarenta mil votos, en retrospectiva la legitimidad de la democracia representativa ya estaba mellada. Fuerza Popular, a pesar de la derrota quedó con 73 congresistas de 130, una bancada que desde el primer momento tuvo órdenes directas de obstruir al Ejecutivo.

Fue en ese clima agreste que, al inicio del gobierno, PPK solicitó facultades legislativas al Congreso, las cuales fueron otorgadas con el mandato de generar normas de materia diversa, el resultado: 112 Decretos Legislativos emitidos, 65 relacionados con la “reactivación económica” y la formalización. La continuidad con Humala en el eufemismo reactivador, tampoco cambio en la manera de atender los conflictos socio ambientales (Conga, Tía María, Las Bambas) y los decretos legislativos aprobados por PPK, hacían lo mismo: recortar derechos, fue el caso del D.L. N° 1330 o D.L. N° 1333, ambos orientados a facilitar la ejecución de “proyectos de inversión priorizada”, creando instituciones exclusivamente para tareas como facilitar el acceso a predios para proyectos de inversión afectando el derecho al territorio y/o a la consulta previa de los pueblos indígenas .

Por otro lado, el 2017 El Niño Costero desenmascaraba el denominado “milagro peruano” (fase de crecimiento económico por aumento de precios de materias primas), dejando ver la precariedad del sistema prevención estatal y la desigualdad social y económica que existía en el Perú, otra vez los que sufrieron el mayor impacto fuero población empobrecida que vivía en quebradas inactivas, población mayoritariamente migrante andina e indígena. Ese mismo año el censo nacional, por primera vez planteaba la pregunta étnica en el cuestionario, que a pesar de estar formulada de manera racializada, daba como resultado que el 25,6% de peruanos y peruanas se autoidentifican como parte de un pueblo indígena u originario. Finalmente, el comportamiento lobista y de puertas giratorias que siempre oriento el actuar político de PPK, lo llevó a su final.

De la crisis política al colapso

Martín Vizcarra sucesor constitucional, asume la presidencia, en medio de acusaciones de confabular con el fujimorismo para la caída de PPK, el mismo modus operandi de la oposición también para el caso del gobierno de Boluarte con la diferencia que Vizcarra no se supedito a Fuerza Popular, lo que generó una confrontación beligerante que siguió debilitando la institucionalidad democrática y la división de poderes. La crisis se profundiza con la disolución de Congreso y unos meses después la vacancia presidencial con la consecuente toma del poder por cinco días de Manuel Merino (2020) hasta el gobierno de transición de Francisco Sagasti que duró ocho meses y que fue principalmente una etapa pre-electoral. Hasta allí es importante notar que la descomposición institucional es paulatina durante más de una década (2009- 2021), los temas relativos a una agenda de derechos pasan a un segundo plano, en específico la agenda intercultural en cada gobierno se va diluyendo.

En medio de ello la pandemia COVID-19 nos llevó al colapso del sistema social y de salud, prácticamente inexistente en el Perú neoliberal, tanto así que nos convirtió en el país con la tasa más alta de mortandad por cada cien mil habitantes registrada en el mundo; murieron 221.583 peruanos y peruanas. El desastre sanitario fue una auténtica catástrofe de la que aún no se ha reflexionado de forma suficiente. Los pueblos indígenas quedaron completamente solos frente al virus , sin capacidad mínima de apoyo de las redes del Estado y las pocas que hubo fueron vectores de contagio. Las medidas de auto-protección de las comunidades, lograron que no se arrase con poblaciones enteras, aunque francamente el abandono del Estado hacia los pueblos originarios siempre estuvo presente en toda la etapa republicana.

La pandemia trajo un panorama desolador, el Estado prácticamente había desaparecido de las zonas rurales, la contracción institucional y ausencia de funcionarios era evidente; este fue el mejor escenario para el avance de las economías ilícitas (tráfico de tierras, tala y minería ilegal y narcotráfico) que rápidamente se hicieron notar al ejercer violencia en los territorios aledaños o superpuestos a comunidades nativas y campesinas; en abril del 2020 asesinaban al primer líder indígena en pandemia Arbildo Meléndez, apu del pueblo indígena Kakataibo , y en pocos meses, varias partes de la Amazonía se convertía en un escenario de disputa con el crimen organizado, hasta la actualidad en que se contabilizan alrededor de 32 líderes indígenas amazónicos asesinados.

Sin derechos, sin democracia

El gobierno de Pedro Castillo en su discurso inaugural del 2021 planteo la promesa de “interculturalizar el Estado”, pero después de 16 meses de gobierno se puedo constatar que no existió ni voluntad política, ni capacidad técnica para empezar a interculturalizar ni siquiera el mismo sector. Un año después en su último discurso a la nación, Pedro Castillo dedicó dos líneas para rendir cuentas sobre la situación de pueblos indígenas, señalando como avances la vacunación contra la COVID-19 y la aprobación de la política nacional del pueblo afroperuano, cuestiones abordadas desde gestiones anteriores. Ciertamente en medio de un año de obstrucción política de la oposición y noticias falsas de la prensa, no se puede soslayar que su triunfo electoral fue épico por las condiciones adversas y simbólica por lo que represento a sectores históricamente desfavorecidos, entre ellos los pueblos indígenas, pero esto no lo podrá eximir de su irresponsabilidad populista que finalmente significó su gobierno.

Aún queda pendiente reflexionar sobre un mandato que constituyó los momentos de más alta virulencia racista, nunca vista hacia el representante máximo del Estado, porque después de su caída, se impuso el relato de los “vencedores” y quedó en el olvido los ataques racistas, ¿hay mayor ejemplo para deslegitimar una república?). Uno de sus principales objetivos del régimen de Boluarte fue y sigue siendo diferenciarse del gobierno de Castillo y con ello están vedadas por supuesto políticas antirracistas, no habrá respuestas a esa tara atávica que nos persigue doscientos años de república. En algún momento de la rebelión de Juan Bustamante (Huancané 1867-68), éste se preguntaba si era posible “llevar la república hasta el interior andino, cuando lo único que conoce la gran masa campesina es la rapacidad de los mistis- autoridades, los padecimientos en el ejercicio y el sinfín de humillaciones ocurridas bajo la tutela del blanco” , más de 150 años después, parece no haber una respuesta, hoy en medio del colapso democrático nos preguntamos ¿si acaso, realmente, no es posible ello? y entonces ¿debemos dejar de ver la república como el único horizonte?

El actual régimen de Boluarte y Otárola nos lleva indefectiblemente a una dictadura, a cambio de su impunidad por el aniquilamiento a campesinos e indígenas durante las protestas. Es cierto también que ellos no serán los protagonistas, no en vano entregaron la agenda política a los que perdieron las elecciones, y los operadores políticos (congresistas) han sabido socavar al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y van tras el control del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, todo hecho con un 6% de aprobación ciudadana. Es probable que el Ejecutivo de Boluarte y el Congreso tendrán que asumir su responsabilidad por renunciar a su deber constitucional de defender la institucionalidad democrática, pero mientras tanto a la ciudadanía organizada nos queda defender la democracia, apelando a renovar la fe cívica, reconstruir la confianza en la política y no perder nuestras convicciones democráticas, porque lo otro solo significa violencia, hambre y miseria para todos los peruanos.

*Luis A. Hallazi Méndez es abogado y politólogo, investigador del IBC y docente universitario.

**Artículo publicado en la Revista Willacuy, N°-5