El año del 2023 estará marcado por las graves violaciones de derechos humanos ante las protestas de la población peruana y perpetradas por el gobierno de Boluarte. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido que hubo violación de derechos humanos y existen pruebas que señalan la realización de masacres étnico-raciales y, en el caso de Ayacucho, ejecuciones extrajudiciales que deberán ser corroboradas por investigaciones fiscales(i) . El informe “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales” es fruto de dos visitas realizadas que los llevó a seis ciudades y más de 60 reuniones en medio del conflicto.

Por tanto, no podemos callar ni detener la presión y denuncia ante los presuntos asesinatos y violaciones de derechos humanos que empezaron con el intento de golpe de Estado de ex presidente Pedro Castillo y se prolongaron por el uso de violencia desproporcional del Estado.

Es claro determinar el detonante de las protestas, sin embargo el mismo sector que negó el resultado electoral en el 2021 y desestabilizó al gobierno de Castillo, hoy busca confundir a la sociedad y sigue maquinando el olvido e impunidad ante los últimos meses de violencia. Este sector no quiere entender que el devenir de la actual crisis política- que lleva 150 días sin ser resulta-es producto de una brutal represión policial y militar, sin duda, la más virulenta del aparato del Estado desde que regresamos a la vida democrática hace 22 años. Ello sumado a una repulsiva postura del gobierno de Dina Boluarte por negar y tergiversar los hechos de violencia(ii) y negar las mínimas condiciones para establecer responsabilidades ante la pérdida de vidas y otras violaciones de derechos fundamentales.

Son varias las explicaciones al caos actual que hoy vive el Perú, pero destaca un rasgo constante y vigente; la elevada polarización política desde hace 21 meses y a partir de los resultados de primera vuelta de las elecciones presidenciales que llevaron a Pedro Castillo al poder y a Keiko Fujimori a la derrota. Desde ese momento hubo una multiplicación de discursos violentos y a partir del 7 diciembre del 2022 condujeron a hechos violentos que llevaron a masacres en ciudades andinas de Ayacucho, Andahuaylas y Juliaca (iii).

El informe de la CIDH tiene un marco temporal de un mes donde según sus hallazgos se perpetraron 56 muertes. Sin embargo, hasta el momento no existen cifras exactas ya que otras investigaciones calculan más de 70 muertes(iv) relacionadas con las protestas. De estas 50 (v)  tienen serios indicios de una actuación desproporcional por parte de las fuerzas policiales y militares, han sido documentadas y prueban la responsabilidad directa de las muertes en manos de las fuerzas del orden.Además, existen casos que no están siendo investigados debidamente por el Ministerio Público, que adolecen de extremada lentitud o, en su defecto, las fiscalías encargadas de investigar las violaciones de derechos humanos han intentado ser desmanteladas (vi). A estos casos hay que agregarles los centenares de heridos (vii), las detenciones arbitrarias mayoritariamente ilegales (viii) y los procesos judiciales abiertos sin pruebas a personas que participaron de protestas.

Pero no solo existe un negacionismo para esclarecer la verdad de los hechos, recientemente vista como respuesta a la presentación del informe de la CIDH, también se sigue ignorando reconocer las demandas de quienes protestan y, por tanto, se cierra toda posibilidad de diálogo. La presidenta Dina Boluarte ha negado reiteradas veces atender demandas políticas, mencionando que solo atenderán aquellas que sean demandas sociales(ix); este acto, en sí mismo sigue constituyendo una violación de los derechos políticos de la población que protesta. Es un acto discriminatorio que asume que las poblaciones que protestan en las zonas andinas no pueden tener demandas ni intereses políticos. Nos preguntamos ¿quiénes son sino las poblaciones que mayoritariamente protestan, quiénes son aquellos peruanos y peruanas que perdieron la vida en las actuales protestas?

En la región de Puno las 23 personas presuntamente asesinadas por fuerzas del orden son identificadas como parte de un pueblo indígena quechua o aymara; los 10 peruanos que perdieron la vida en Ayacucho pertenecen al pueblo quechua; y de la misma manera las 7 personas fallecidas en Andahuaylas, o en Cusco los 2 comuneros indígenas. De las 50 personas asesinadas, más del 80% son indígenas, y el porcentaje es parecido para los heridos y personas detenidas(x). Las personas que han perdido la vida por responsabilidad directa del Estado, son miembros de poblaciones indígenas mayoritariamente. El informe final lo corrobora “la CIDH constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como “terroristas”, “terrucos”, “senderistas”, “cholos” o “indios”, entre otras formas despectivas”(xi).

En el departamento de Puno según el censo del 2017, el 90.8% de su población se autoidentifica como parte de un pueblo indígena. Desde hace más de 120 días dicha población vive en zozobra, con limitaciones en el ejercicio de sus derechos fundamentales y bajo Estado de Emergencia permanente. El segundo y tercer departamento con mayor población indígena son Apurímac y Ayacucho, con el 87% y 81,5%, coincidentemente son otras dos de las regiones con mayor violencia policial y militar en las protestas. La CIDH ha dicho en su informe que “hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política. Las provincias apartadas de la capital demandan que se valore la diversidad étnico-racial del país(…)”.

Estamos pues ante la violación de derechos humanos de forma sistemática y existen indicios suficientes en el caso de Ayacucho que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, de probarse ello se podrían configurar delitos de lesa humanidad (xii) . Sin embargo el informe no tiene la misma conclusión para el caso de Juliaca, donde en 7 horas se produjeron 17 asesinatos. Por otro lado, la violación de derechos tiene fundamentos que prueban no solo motivos políticos, sino también raciales, étnicos y culturales. Una vez más como sucedió en el periodo de violencia política del 1980 - 2000, son las poblaciones indígenas las vidas que menos importan al aparato estatal.

Existe, por tanto, una especial victimización a personas indígenas, miembros de comunidades campesinas y nativas, ronderos campesinos, y con ello también existe una afectación a sus derechos colectivos relacionados con la identidad cultural, las afectaciones a su tierra, territorio y recursos naturales, así como a sus derechos de participación y representación política. Aquel lema que reza “sin derechos no hay democracia”, en la crisis política actual cobra total vigencia, puesto que, para más del 25% de la población que se autoidentifica como indígena, hoy en el Perú no hay democracia.

Por Luis Hallazi Méndez, abogado y politólogo peruano, investigador en derechos humanos.

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i) Según el Informe Final del CIDH: “se recibieron 55 testimonios individuales de personas que indican ser víctimas de violaciones de derechos humanos, de los cuales 13 se refieren a sucesos registrados en Apurímac, 21 en Ayacucho, 20 en Lima, 1 en Puno y 1 en Ica. De los testimonios recabados, 17 fueron brindados por familiares de víctimas fatales, 25 por personas que sufrieron lesiones, 7 por personas que fueron detenidas y 6 por personas que presenciaron hechos de represión” pag. 8 del informe.

ii) Recientemente la presidenta Dina Boluarte ha declarado: “luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo vimos la asonada golpista, con más de 60 fallecidos de nuestros compatriotas, con presupuesto desde el lado del narcotráfico” declaraciones en TV. Perú el 21 de marzo.

iii) El informe final de CIDH, así lo corrobora. Así mismo el periódico New York Times, ha emitido un informe periodístico donde analiza 8 casos de uso desproporcional de la fuerza, con el resultado de 8 presumibles asesinatos: https://www.nytimes.com/es/2023/03/16/espanol/peru-policia-ejercito-protestas-armas.html

iv)Aún la cifra exacta es imprecisa, el informe final de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos menciona más de 76 muertes, otras organizaciones de la sociedad civil mencionan más de 70 víctimas mortales, no precisando la cifra exacta.

v) La cifra 48 ejecuciones es una cifra oficial proporcionada por la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que se suma la reciente muerte de Rosalino Florez, tras una larga agonía, herido con 36 perdigones en protesta de Cusco el 11 de enero y a las que se une Manuel Quilla Ticona de Huancané que viajo a protestar a Lima y termino presuntamente masacrado por la policía y encontrado en la comisaría de Petit Thoars.

vi) Informe de CNDDHH señala irregularidades en las investigaciones ver citado informe. Por otro lado, Amnistía Internacional, 17 de marzo: Continua la represión racista y lentitud en investigaciones: https://amnistia.org.pe/noticia/peru-cien-dias-represion/

vii) Las estimaciones más bajas mencionan de 960 heridos otras fuentes señalan más de 1200 heridos

viii) Ver Informe 80 días de represión en el Perú de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, El caso del allanamiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se detuvo a 193 personas durante 24 horas para después liberarlas sin cargo alguno. Ver https://derechoshumanos.pe/2023/03/80-dias-de-represion-en-el-peru/

ix) Agencia Andina de Noticias: https://andina.pe/agencia/noticia-presidenta-boluarte-venimos-atendiendo-demandas-historicas-de-poblacion-924188.aspx

x) Reporte de Amnistía Internacional: La represión letal del Estado es una muestra más del desprecio hacia la población indígena y campesina: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/?fbclid=IwAR2a_hmicEeykvK4xSYQBO0YK1XJctWacpxArl2KILRI_D92pX89iT_61ZE

xi) Informe final CIDH, pág. 101, párrafo 292

xii) Perú suscribió en noviembre del 2001 el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma que su artículo 7 tipifica el delito de lesa humanidad.