Legislatura 2021-22, presidida por María del Carmen Alva será recordada por autoritaria, racista y nefasta para gran parte de la ciudadanía (79% desaprueba gestión del Congreso según IPSOS), pero una cosa son los gestos políticos o exabruptos y otra las acciones, que dejan leyes que establecen cambios regresivos en materia de derechos.

En esto coincide la evaluación reciente que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet acaba de realizar en su visita oficial al Perú, la última de su mandato, donde señala de manera enfática que la máxima preocupación para los peruanos y peruanas debería constituir el movimiento antiderechos.

Desde esta perspectiva, no cabe duda que dicho movimiento tiene un brazo político en el Congreso. Para empezar, hay que analizar los partidos políticos investigados judicialmente por constituir, en sí mismos, organizaciones criminales, es el caso de Fuerza Popular, Podemos Perú y Perú Libre[1], es muy difícil que un partido investigado por corrupción busque fortalecer una agenda de protección de derechos.

Por otro lado, grupos políticos como Renovación Popular o Avanza País, partidos utilizados como “vientres de alquiler” hoy se han convertido en representantes de fuerzas ultraconservadores que albergan a fundamentalistas religiosos, militares conservadores y jóvenes advenedizos. Finalmente, partidos como Alianza por el Progreso, Acción Popular y Somos Perú, cuyos miembros en el Congreso responden a una agenda personal, opaca y coyuntural, a la que se suman otras cinco agrupaciones surgidas por rupturas internas con los partidos que los llevaron a obtener un escaño.

Éste panorama político allanó el camino para el fortalecimiento de una agenda antiderechos, de la que ya se puede hacer un balance. El informe del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, mencionó varias normas que les preocupan, entre ellas el proyecto ley que busca cambiar de nombre de Ministerio de la Mujer por Ministerio de Familia, con la finalidad de invisibilizar y debilitar políticas de igualdad y protección a los derechos de las niñas y mujeres. Otra evidencia son las acciones concretas por parte de la Comisión Permanente presidida por Cavero para conseguir el archivamiento de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en contra de Manuel Merino y los implicados en la violenta represión policial que dejó dos muertos y más de 70 heridos el 14 de noviembre de 2020.

Por otra parte, durante todo el año legislativo hubo un ataque sistemático al derecho a una educación superior de calidad, que concluyó en la aprobación de la ley N° 30220, ley de la contrarreforma universitaria que debilita a la SUNEDU. El medio ambiente tampoco se libró y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso presidida por Ernesto Bustamante logró el archivamiento definitivo a la ratificación de un tratado regional sobre derechos medioambientales y protección de defensores de derechos, el Acuerdo de Escazú.

El Ejecutivo también aportó lo suyo, a través de los exabruptos de primer ministro Aníbal Torres, quien también ha sido el promotor de un proyecto de ley que trata de bajar la edad de imputabilidad a 14 años para toda clase de delitos, lo que significa ir contra todos los estándares internacionales en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes; y que obligaría a la renuncia del Pacto de San José de Costa Rica.

Pero hay normas que pasaron desapercibidas y que claramente configuran una regresión de derechos fundamentales, nos referimos por ejemplo a la Ley N° 31494, ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, que nació de un proyecto de Fuerza Popular y que en términos concretos permite armar a Comités de Autodefensa [2], lo que generaría la creación de fuerzas paramilitares al margen de la Policía Nacional y Fuerzas Militares para resolver cualquier conflicto en el que se consideren competentes para actuar.

Otra norma que pasó desapercibida es la Ley N° 31388, que amplió el plazo para formalización minera, con la finalidad de volver a prorrogar la vigencia de formalización minera integral, ahora hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que significa que mineros ilegales sigan contaminando y destruyendo el medio ambiente, alegando que siguen en proceso de formalización[3]. También se aprobaron dictámenes a proyectos de ley que aún siguen constituyendo una amenaza, como el caso del dictamen favorable a los proyectos 649/2021-CR y 894/2021-CR que modificaría, de ser promulgado, la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre para promover invasiones, deforestación y tráfico de tierras en la Amazonia.

Como podemos recordar este último año el Congreso tuvo una agenda centrada en la búsqueda de vacancia del presidente de la república Pedro Castillo, mientras de manera subrepticia fuerzas antiderechos continuaron su trabajo, consiguiendo la aprobación de normas ante un gobierno débil, errático e ineficiente, que no supo enfrentar dicha arremetida principalmente porque andaba más preocupado en defenderse de los indicios de corrupción, sobredimensionados diariamente por los medios de comunicación, que dispuesto a atender a la ciudadanía; pero también porque el partido que lo llevó al poder ha sido en varios casos copartícipe de la aprobación de las mencionadas leyes.

De esta manera hemos perdido la perspectiva en éste primer año, si alguien ganó en medio de esta crisis político, social y económica fueron los movimientos antiderechos, pero lo desolador es que éste panorama de fuerzas ultraconservadores no ha cambiado con la elección de una nueva mesa directiva, hoy en manos del fujimorismo; solo hay que ver la estrategia de estos grupos por estar presentes en tres de las cuatro listas de candidaturas a la mesa directiva, incluso liderar con Esdras Medina una lista conformada por la izquierda conservadora de Perú Libre y Bloque Magisterial. Por tanto, es imprescindible no perder de vista a estos representantes del movimiento antiderechos, son ellos los que hoy deberían constituir la mayor amenaza para los derechos humanos y por tanto para la democracia de nuestro país.

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[1] La máxima lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori lleva una investigación por el delito de Lavado de Activos y otros 4 delitos más. En el caso de Podemos Perú su máximo líder y actual congresista Luna Gálvez es investigado por delitos de corrupción, de la misma manera Perú Libre y varios de sus líderes del partido son investigados por lavado de activos.

[2] Defensoría del Pueblo rechaza ley 31494: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-cuestiona-ley-que-facilita-armas-para-los-comites-de-autodefensa/

[3] Ojo Público: https://ojo-publico.com/3245/permiten-impunidad-mineros-ilegales-con-prorroga-de-formalizacion