El cambio climático tiene origen antropogénico, es decir la acción humana la ha acelerando de manera desmedida los últimos 40 años, donde la quema de petróleo constituye una quinta parte de los gases de efecto invernadero (IPCC) sin contar todos los impactos ambientales que conlleva su extracción, donde muchas veces termina en un desastre ecológico contaminando agua, suelo y aire. Solo entre 2016 y lo que va del 2018 la Amazonía peruana enfrentó más de 15 derrames de petróleo. 

A contra corriente de esa realidad y de la reciente aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, Ley 30754, el Congreso de la República está a punto de aprobar la Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos (PL 2145-2017-PE) una propuesta legislativa retrograda a iniciativa de la ex ministra de energía y minas Cayetana Aljovín. Al parecer gran parte del Poder Ejecutivo y Legislativo se siguen equivocando al pensar que debilitando el marco de protección de derechos ambientales y sociales van a promover un mayor flujo de inversión, hasta el momento no hay evidencia de que ello ocurra y a mediano y largo plazo esto solo nos llevará a tener la inversión más sucia de la región.

Desde esa lógica perversa, promover la inversión a estas alturas es sinónimo de vulnerar derechos fundamentales, adquiridos y conquistados históricamente, incluso a costa de muchas vidas. El proyecto de ley pretende realizar una serie de modificaciones a la legislación actual, que representan serios retrocesos para la institucionalidad gubernamental, que en un gobierno republicano están diseñadas para equilibrar el exceso de facultades de un sector sobre el otro o de una autoridad fiscalizadora sobre la propia actividad. Sin embargo, la norma le otorga al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una serie de prerrogativas que quiebran la institucionalidad y concentran el poder para asegurar únicamente la promoción de la inversión de hidrocarburos.

El Minem desplaza la intervención de actores importantes, como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y Riego, y limita competencias de los Gobiernos Regionales; incluso interferiría en el rol de entes fiscalizadores como OEFA y OSINERMIG eliminando o restringiendo sus funciones reguladoras. Además, flexibiliza los procedimientos administrativos proponiendo el uso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como instrumento para la evaluación de actividades de exploración sísmica, en lugar de instrumentos ambientales que den mayor seguridad sobre los impactos de la actividad, como son los Estudios de Impacto Ambiental.

El proyecto va más allá, afectando la soberanía territorial y energética del Estado al prorrogar los plazos para las actividades de exploración y explotación de lotes de hidrocarburos hasta los 80 a 100 años; disminuyendo incluso las regalías; pero además el inversor puede realizar cualquier tipo de construcción de infraestructura sin la necesidad de ningún permiso, licencia ni fiscalización y para hacerlo con total tranquilidad el proyecto de ley dispone que el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior brinden al contratista la seguridad para realizar sus operaciones.

Lo cierto es que el proyecto no ha sido discutido ampliamente y no contó con la participación de actores cuyos derechos serán afectados como es el caso de los pueblos indígenas, además de no tener las opiniones de sectores importantes para llevar a cabo esta reforma. Por todo lo mencionado, este proyecto atenta contra la Constitución Política del Estado, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la soberanía nacional en materia energética y control del territorio, pero además quiebra la institucionalidad, vulnera el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado y atenta contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas, contraviniendo tratados y acuerdos internacionales que promueven la protección de derecho fundamentales como el Convenio 169 de la OIT y recientemente el Acuerdo de Paris sobre el Cambio Climático.

Este tipo de normas nos lleva a una preocupación mayor, sobre las otras consecuencias que traerá el cambio climático, que en la medida de sus impactos agudizará la escasez de recursos, lo que generará estrategias de seguridad militar para hacerse con dichos recursos a través del control del territorio. Hay ciertos rasgos de esta norma que hacen presumir ello, sentando las bases legales que permitirán la entrada de corporaciones transnacionales para controlar recursos y territorios; además de promover la quema de fósiles, la deforestación y seguir contribuyendo al calentamiento global.